Justicia y estabilidad

Fernando Barros

Nuestro país sufre una crisis cuya gravedad aumenta minuto a minuto y que, cual aluvión nortino, está arrasando con personas, instituciones y valores relevantes de nuestra nación. Lo que comenzó como el Fraude al FUT, se transformó en el caso del financiamiento irregular de candidaturas políticas. Una antigua práctica pasó a ser considerada un grave delito, comprometiendo a todo el espectro político y amenaza con anegar incluso las dependencias de gobierno.

A la preocupación de las dirigencias legislativa y ejecutiva y los llamados desesperados y caóticos a "controlar" la situación, se suma la inquietud cada vez más generalizada del ciudadano corriente por los efectos que está teniendo esta situación en la sociedad, evidenciada en una suerte de paralización nacional, la proliferación irresponsable de trascendidos, la grave afectación de la imagen internacional de Chile y, el derrumbe de piezas fundamentales de nuestra institucionalidad cuales casas arrasadas por el lodo.

La acción de la justicia no es apreciada como un buen funcionamiento de las instituciones y su actuar no armoniza con la realidad social.

Ahora se reconoce que el financiamiento irregular a la política ha sido una realidad transversal por décadas. Algunos agregan que ello ha sido relevante para el desarrollo de la democracia, ya que la limitación del gasto electoral es una barrera de entrada para los desafiantes y una indebida protección para los incumbentes.

Por su parte, el celo mostrado por los fiscales al exigir al SII la presentación de denuncias o querellas para poder seguir ampliando la investigación ha roto viejos principios jurídicos, reconocidos en la ley y jurisprudencia en orden a que sólo a la administración tributaria, exclusiva del SII, le corresponde determinar cuándo es conveniente ejercer la acción penal.

Tampoco dignifica la labor de los investigadores la filtración de las investigaciones que conducen, algunas con una sincronización mediática digna de la más experta agencia, comprometiendo la seriedad de los procesos y la dignidad de decenas de personas que quedan dañadas en su honra.

Toda persona o empresa que haya celebrado alguna convención que le generara ingresos de uno o más de los que figuren en la nómina de empresas que aportaron a candidaturas políticas, pasará a ser sospechoso de irregularidades, y más aún si tiene la mala suerte de ser pariente de algún político o de algún funcionario de gobierno, quedando entregado a ser denigrado por la inquisición mediática.

Una vez más nuestras autoridades llegan tarde al reconocimiento de las insuficiencias y obsolescencia de la ley y llevan a los ciudadanos a buscar su salida a los problemas.

Antiguamente la rigidez de la ley llevó a la "solución" de las nulidades de matrimonio. Cónyuges, abogados, jueces y la sociedad sabían que era una gran mentira, que los testigos faltaban a la verdad y se cerraban los ojos ante una necesidad social que superaba a la ley.

Hoy los candidatos políticos y sus organizaciones que deseen subsistir requieren gastar más que lo que la ley les permite y caen en el financiamiento ilegal y en la sub declaración de los gastos que rinden a la autoridad electoral. La ley terminó con las nulidades y nadie pensó que la solución pasaba por perseguir a los anulados, sus abogados, jueces y testigos. De la misma forma, la solución hoy pasa por mirar hacia adelante y dar al país una legislación que permita tener una sana convivencia entre dinero y política. Se requiere una ley interpretativa ahora, que establezca el correcto alcance de la falsedad que sanciona la ley, en el sentido que, según la historia de la ley y la doctrina, el reproche legal lo es respecto de la falsedad material y no de la denominada falsedad ideológica. La factura o boleta timbrada por el SII y emitida por un contribuyente real, es auténtica. La factura o boleta pagada por un contribuyente en interés de un tercero puede constituir un gasto rechazado, pero no un delito.

Todo exceso, incluso en la acción de los entes judiciales, trae más perjuicios que beneficios y hoy Chile requiere recuperarse de la crisis que vive. Por ello, los parlamentarios, sin exclusión, tienen la obligación de subsanar sus errores y dar al país la legislación que se requiere para superar esta crisis.